En el espacio El Tema del Día de La Linterna en la Cadena COPE, presentado por Ángel Expósito, Francisco Cano, miembro del Comité Nacional de la AJFV, analiza la denuncia de la magistrada Beatriz Biedma. Francisco Cano, magistrado con 25 años de trayectoria profesional, muestra su absoluta consternación ante la gravedad de los hechos denunciados.
«Los jueces estamos sometidos a presiones constantemente. Hay algunos casos puntuales de algunas amenazas, incluso al finalizar un juicio, pero esto la verdad es que nos sorprende, es una cosa muy grave», señala Cano al ser preguntado por la dimensión del caso. Para el magistrado, la estrategia empleada excede cualquier fricción habitual en el ámbito judicial: «Los hostigamiento, la persecución, el buscar gente para hacer daño a la jueza, lo del colegio de los niños, pues nos parecen noticias especialmente graves», insiste.
El caso revela también una preocupante fractura en los órganos de gobierno de la justicia. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se muestra incapaz de pactar una declaración institucional conjunta de apoyo a la instructora debido al bloqueo entre bloques.
Frente a esta parálisis, Cano expresa la incomprensión que se vive en gran parte de la carrera judicial: «Nos sorprende que es un forma de bloques, es decir, hay un bloque conservador y un bloque progresista y tienen peleas constantes». El portavoz recalca que el papel del órgano de gobierno debe situarse por encima de las siglas políticas: «No podemos entender que no se pueda simplemente dar un toque de atención, un apoyo a la jueza y recordar que el consejo está ahí para garantizar la independencia de los jueces y para proteger a los jueces cuando sea necesario».
Ante los argumentos de quienes consideran prematuro emitir una condena pública antes de que concluya la instrucción penal, Cano resulta contundente. «Una cosa es apoyar al poder judicial, mostrarse ya con esta jueza, y otra cosa es que, por supuesto, esto habrá que investigarlo y se dictará la sentencia o se archivará en su día», matiza. A su juicio, el respaldo institucional a una magistrada perseguida no admite esperas ni cálculo táctico.
Pese a la intensidad de las presiones, Cano lanza un mensaje de total tranquilidad a la ciudadanía sobre la imparcialidad de las decisiones judiciales. «En este país los jueces resuelven conforme a la ley, conforme a las pruebas y existe esa independencia. La propia jueza ha manifestado que no se vio influida por esas amenazas», subraya el magistrado. No obstante, reitera que la sociedad y las instituciones deben plantar cara a cualquier intento de coacción a la justicia: «La independencia debe estar tranquila, pero desde luego hay que dar un toque de atención respecto de estos hechos… no podemos normalizar este tipo de situaciones y no lo vamos a hacer».
