La Asociación Judicial Francisco de Vitoria lamenta profundamente que el Consejo General del Poder Judicial haya sido incapaz de alcanzar un acuerdo para expresar públicamente su respaldo a la magistrada Beatriz Biedma ante las informaciones relativas a posibles actuaciones de hostigamiento e intimidación contra ella y su entorno.
Lo sucedido constituye un episodio de extraordinaria gravedad institucional. No solo por la ausencia de una declaración conjunta de apoyo a una compañera, sino porque vuelve a poner de manifiesto una realidad que llevamos años denunciando: la división del órgano de gobierno de los jueces en bloques autodenominados conservador y progresista está condicionando gravemente su capacidad para cumplir las funciones que constitucionalmente le corresponden.
El Consejo General del Poder Judicial no está llamado a representar sensibilidades políticas ni a reproducir en su seno las divisiones propias del Parlamento. Su razón de ser es garantizar la independencia de jueces y magistrados frente a cualquier presión o injerencia, con independencia de su procedencia y de las personas afectadas.
La independencia judicial no puede defenderse en función de quién sea el juez, a quién investigue o de dónde procedan las presiones. Tampoco puede quedar sometida a las mayorías, los equilibrios o las discrepancias entre bloques.
Resulta especialmente preocupante que se invoque la necesaria prudencia ante una investigación judicial en curso para justificar la ausencia de un pronunciamiento institucional. Expresar preocupación ante posibles actuaciones intimidatorias y trasladar respaldo a una magistrada no supone prejuzgar hechos ni atribuir responsabilidades penales. Supone afirmar algo que debería estar fuera de toda controversia: ningún juez debe sentirse desprotegido cuando surgen informaciones sobre posibles presiones relacionadas con el ejercicio de su función jurisdiccional.
La prudencia institucional es imprescindible. Pero no puede convertirse en una excusa para la inacción cuando lo que está en juego es precisamente la independencia que el Consejo tiene la obligación de defender.
Desde la Asociación Judicial Francisco de Vitoria venimos advirtiendo de las consecuencias de un sistema de elección de los vocales judiciales que favorece la reproducción de las dinámicas partidistas en el seno del Consejo. Lo ocurrido hoy no hace sino reforzar nuestra convicción de que es imprescindible modificar ese sistema para que los doce vocales de procedencia judicial sean elegidos directamente por los jueces y magistrados.
No cuestionamos el derecho de los vocales a mantener posiciones distintas. Cuestionamos que esas diferencias terminen trasladándose al cumplimiento de una responsabilidad institucional que debería situarse por encima de cualquier adscripción o afinidad ideológica.
Un órgano constitucional cuya capacidad para defender la independencia judicial se ve condicionada por sus divisiones internas tiene un problema que va mucho más allá de una discrepancia puntual. Tiene un problema de funcionamiento institucional.
La carrera judicial necesita un Consejo que ejerza sus competencias con firmeza, que no seleccione las ocasiones en las que debe pronunciarse y que sea capaz de transmitir a todos los jueces y magistrados que no están solos frente a las presiones que puedan sufrir.
Desde el máximo respeto a la institución y a quienes la integran, debemos expresar nuestra profunda decepción ante lo sucedido y reclamar una reflexión seria sobre las consecuencias que estas divisiones están teniendo para la credibilidad del órgano de gobierno del Poder Judicial.
Porque cuando la defensa de la independencia judicial queda atrapada entre bloques, quien pierde no es uno u otro sector del Consejo. Pierden los jueces, pierde la institución y, sobre todo, pierden los ciudadanos, cuya garantía de contar con una justicia independiente debería estar por encima de cualquier otra consideración.
