Uno de los asuntos más preocupantes que hemos conocido en los últimos tiempos es el que se refiere a los intentos de coaccionar y amenazar a la magistrada Beatriz Biedma, instructora de la causa que culminó en primera instancia con la condena de David Sánchez – hermano del presidente el gobierno – por un delito de prevaricación, con la finalidad precisamente de apartarla de dicha instrucción. En el estado actual de la investigación judicial que se sigue por estos hechos (entre otros), los principales investigados son individuos que han venido desarrollando sus actividades en el entorno más o menos cercano de la presidencia del gobierno y del PSOE, lo que aumenta la gravedad de lo sucedido. No solo nos hallaríamos ante una trama que buscaba interferir en la actuación de la magistrada mediante una campaña de acoso, desprestigio e incluso amenazas (llegando al punto, al parecer, de contactar con personas relacionadas con el narcotráfico para tratar de amedrentarla) sino que la misma podría tener su foco en las proximidades del poder ejecutivo. La gravedad de esta hipótesis no merece demasiada explicación (véase al respecto el editorial publicado en este blog el día 28 de septiembre de 2026) .
En semejante contexto y a pesar de la excepcionalidad que presenta un caso como este, los medios de comunicación han informado de la incapacidad del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para emitir un pronunciamiento de apoyo a Beatriz Biedma. Los diez vocales identificados como “conservadores” plantearon al pleno del órgano la aprobación de un texto expresando su preocupación por las informaciones conocidas – “sin prejuzgar hechos ni responsabilidades que corresponde determinar exclusivamente a los tribunales” – y trasladando un mensaje de apoyo institucional a la afectada, así como al conjunto de los jueces de este país. Nueve de los diez vocales calificados como “progresistas” consideraron inoportuno el comunicado, ya que, a su juicio, podía interferir en la investigación judicial actualmente en curso en la audiencia nacional. La presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, y el vocal Carlos Hugo Preciado (vinculado al sector progresista) se mostraron partidarios de aprobar un texto consensuado, pero no de hacerlo sin ese consenso.
El resultado es que ante de uno de los acontecimientos más gravemente atentatorios contra la independencia judicial que hayamos conocido en mucho tiempo el órgano que tiene constitucionalmente atribuida la misión de velar por dicha independencia no tiene nada que decir. El argumento esgrimido por el llamado “sector progresista” del CGPJ para rechazar la declaración institucional propuesta carece de la más mínima consistencia. Es evidente que el CGPJ no puede asumir sin más, como hechos probados, las informaciones que se han publicado en relación con los avances de la investigación judicial en curso; menos aún anticipar culpabilidades. Pero trasladar a la ciudadanía la verdadera entidad del riesgo que para nuestra convivencia representan ataques a los jueces de esta índole, transmitir un mensaje de apoyo y cercanía a la afectada y reafirmar el compromiso de la institución con la preservación de la independencia judicial como elemento nuclear del Estado de Derecho son cuestiones que están lejos de poder interferir en modo alguno con una instrucción judicial.
Conviene tener presente que hay base razonable para sostener que las conductas de apariencia delictiva que están siendo investigadas ocurrieron realmente, con independencia de su autoría, sobre la que obviamente nada tiene que decir el CGPJ. Hay una causa penal en trámite, con imputaciones formalizadas e intervención activa de la fiscalía. Y la propia Beatriz Biedma se ha personado en la causa como perjudicada, algo no demasiado frecuente y que, por eso mismo, pone de manifiesto que se ha sentido afectada en su seguridad personal y familiar de forma relevante. No estamos, pues, ante meras sospechas o informaciones carentes de un mínimo fundamento. No hay, en suma, justificación para la falta de acuerdo del CGPJ.
Visto con perspectiva, este asombroso silencio del CGPJ no es sino un efecto más del mal que atraviesa el corazón mismo de este órgano constitucional, generando el estado de descomposición en que se encuentra desde hace tiempo: la politización de los vocales que lo componen. Recientemente se analizaba en este blog este problema (editorial del día 15 de septiembre de 2026) , puesto de manifiesto también por organismos e instituciones europeas de forma insistente. La designación enteramente parlamentaria de los 20 vocales que componen el CGPJ y el nefasto sistema de reparto por cuotas que PP y PSOE han instaurado desde hace décadas para el nombramiento han conducido a una identificación completa de los vocales con el grupo o bloque político que les propuso para el cargo. Esto ha degenerado en una permanente división por bloques de la actividad del órgano, de forma semejante a lo que sucede en el parlamento.
Los riesgos de que algo así llegase a producirse ya fueron puestos de manifiesto por el Tribunal Constitucional en su conocida sentencia 108/1986, de 29 de julio, en la que, al examinar la constitucionalidad del sistema parlamentario de elección de vocales del CGPJ establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985, señaló que la finalidad del artículo 122.3 de la Constitución al regular la composición del CGPJ de modo que parte de sus miembros fueran jueces y parte juristas de otros ámbitos profesionales era “asegurar que la composición del Consejo refleje el pluralismo existente en el seno de la sociedad y, muy en especial, en el seno del Poder Judicial”; y que “ciertamente, se corre el riesgo de frustrar la finalidad señalada de la Norma constitucional si las Cámaras, a la hora de efectuar sus propuestas, olvidan el objetivo perseguido y, actuando con criterios admisibles en otros terrenos, pero no en éste, atiendan sólo a la división de fuerzas existente en su propio seno y distribuyen los puestos a cubrir entre los distintos partidos, en proporción a la fuerza parlamentaria de éstos. La lógica del Estado de partidos empuja a actuaciones de este género, pero esa misma lógica obliga a mantener al margen de la lucha de partidos ciertos ámbitos de poder y entre ellos, y señaladamente, el Poder Judicial”. Que es exactamente lo que ha sucedido.
Es difícil no relacionar lo acontecido con el manifiesto de apoyo a la magistrada Biedma con la dinámica partidista que caracteriza la actividad del CGPJ. En el editorial publicado el 28 de septiembre de 2026 sobre este tema, al que antes se ha aludido, ya se mencionaba que las secciones extremeñas de tres asociaciones judiciales se habían pronunciado públicamente en apoyo de Biedma, pero no así Juezas y Jueces para la Democracia, vinculada al sector progresista del CGPJ, y ello argumentando que el comunicado se basaba “en informaciones procedentes de una filtración, presuntamente ilícita, a determinados medios de comunicación“. Lo sucedido ahora es una réplica en el ámbito nacional de lo ocurrido en Extremadura – y pone de relieve, adicionalmente, la perniciosa colaboración de algunas asociaciones judiciales con el funcionamiento politizado del CGPJ, lo que también se ha analizado recientemente en este blog -.
Más aún, en la misma reunión plenaria del CGPJ en la que se frustró el comunicado de apoyo a Biedma el órgano fue incapaz de avanzar en el proceso de designación de varios magistrados para cubrir vacantes en el Tribunal Supremo. Y en días inmediatos la vocal “progresista” Argelia Queralt hizo explícita en redes la reivindicación de las “vocalías progresistas” de un reparto equilibrado de las comisiones del órgano que deben ser renovadas. Este mensaje otorga rango institucional a lo que no deja de ser una práctica desviada en el funcionamiento del CGPJ.
Más allá de la previsible sensación de desamparo que quizás embarga hoy a la magistrada Biedma o del natural estupor que pueden experimentar los jueces de este país – que desde ahora saben que el órgano encargado de velar por su independencia no abrirá la boca si, llegado el caso, se ven amenazados o coaccionados en el ejercicio de su función -, desde la perspectiva ciudadana el espectáculo ofrecido por el CGPJ en este asunto es desolador. ¿Cómo no interpretar, ante el contexto descrito, que la negativa de los vocales “progresistas” responde al simple propósito de no causar daño electoral a los partidos que apoyan al gobierno? ¿O, peor aún, que es una reacción lógica ante la desconfianza en la probidad de la investigación judicial en curso? Por otro lado, por más que en este caso la propuesta de comunicado en apoyo de Beatriz Biedma parezca la respuesta razonable del CGPJ ante los hechos conocidos, ¿cómo no atribuir un cierto grado de verosimilitud a la sospecha de que el sector conservador está buscando proporcionar munición electoral a los partidos de la oposición, habida cuenta del desempeño de los vocales “conservadores” hasta la fecha? Incluso si consideramos que estas dudas carecen de base real, años de ejercicio servil del cargo han arruinado la credibilidad del órgano, haciendo inevitable que cualquier ciudadano medianamente informado se vea obligado a aceptar como hipótesis plausibles especulaciones de esta naturaleza.
Entre tanto, los ciudadanos sufrimos un daño enorme. La confianza no ya en el CGPJ sino en el sistema judicial en su conjunto se desmorona. Si, en palabras del Tribunal Constitucional (sentencia 108/1986), la “verdadera garantía de que el Consejo cumpla el papel que le ha sido asignado por la Constitución en defensa de la independencia judicial (…) consiste en que (…) ocupe una posición autónoma y no subordinada a los demás poderes públicos”, ¿qué esperanza podemos albergar de que dicha independencia pueda ser preservada en un contexto de total subordinación del CGPJ a los partidos políticos?
Con este modo de proceder, fundamentado de forma consistente en la adscripción a bloques políticos, los vocales del CGPJ están contribuyendo decisivamente a debilitar uno de los pilares que sostienen nuestro Estado de Derecho, tal vez de forma irreversible.
Artículo publicado originalmente en Hay Derecho el 16 de octubre de 2026.
