En los países europeos la inmigración es una realidad que va en aumento en este siglo. Las fronteras de Europa sufren una fuerte presión, sobre todo en el sur. Cientos de miles de inmigrantes huyen de la pobreza y la guerra. Europa a la vez envejece. La política inmigratoria se convierte en una de las más problemática en cada país y crea tensión entre los ciudadanos, siendo un arma arrojadiza.
El pacto Europeo de Inmigración y Asilo compuesto de nueve Reglamentos y una Directiva que entró en vigor el 12 de junio pasado trata de unificar la política europea en inmigración.
Dentro de la situación en la que se encuentra los extranjeros hay que diferenciar la legislación relativa a la extranjería, causada por motivos económicos, de los refugiados que solicitan la protección internacional, compuesta del asilo y la protección subsidiaria, por sufrir persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género, orientación sexual o de identidad sexual, según la Convención de Ginebra de 1951. Para determinar el alcance en España en 2025 se pre-sentaron 144.000 solicitudes de asilo, de las que solo se admitieron el 10 por ciento.
Sobre la política de extranjería, en España ha sido objeto recientemente de un proceso de regularización por el Real Decreto 316/2026, que ha permitido convertir en legal la estancia de cientos de miles de personas. Este proceso se ha observado con recelo en algunos países europeos, puesto que es una cuestión que afecta a toda la Unión Europea y se debería realizar en el marco de una política común. Se ha discutido su amplitud y su falta de requisitos, encontrándose el proceso pendiente de un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo en el que se denegó la solicitud de medidas cautelares.
La normativa de extranjería necesita una reforma de adaptación a la Unión Europea, sobre todo en materia de expulsiones, que contempla que solo se puede acordar la expulsión cuando además de la estancia irregular concurran circunstancias agravantes, entre las que no se encuentran los antecedentes penales según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, en cuyo caso se impondrá una multa. La normativa se debe ajustar a la Directiva de Retorno.
En cuanto al denominado PEMA aún es más acuciante las reformas de la legislación española. Los reglamentos directamente aplicables chocan con la vieja ley de asilo 12/2009 y generan inseguridad jurídica. En los procedimientos de asilo se prevén tres procedimientos, uno el ordinario con una duración de seis meses y, otro, el acelerado de tres meses hasta el dictado de la decisión administrativa, y un especial el fronterizo de duración máxima de 12 semanas, incluida la decisión del órgano jurisdiccional sobre el derecho a permanecer, si no se resuelve en ese plazo la consecuencia es la autorización de entrada en el territorio nacional. En estos supuestos se prevé el derecho a un recurso efectivo en un plazo mínimo de cinco días y máximo de diez. Estos plazos exigen agilidad en los procedimientos administrativos y judiciales para dar una respuesta en las 12 semanas. Mientras esta normativa, directamente aplicable, conviven con nuestras leyes que contiene otros recursos y otros plazos, que deben ser inaplicables.
Esta situación se ha tratado de ser subsanada por el Ministerio de Justicia con dos instrucciones sobre el recurso de reposición y una nota que afirma que las autorizaciones por razones humanitarias son contrarias la PEMA y que dejaran de concederse. Como se puede observar no son instrumentos idóneos para adaptar el PEMA a la normativa nacional. Asistimos a la pirámide invertida de Kelsen. No obstante, en octubre se ha aprobado un proyecto de ley, que, aunque tarde pretende solucionar el problema, pero se encuentra paralizado por la convocatoria de elecciones, toca esperar.
En todo caso, la política de extranjería y asilo exigen una reflexión de conjunto, pues de ellos depende el futuro de Europa, se debe abordar con una visión global de sus causas, control de fronte-ras, su regularización y, lo que es más importante, la integración, para que continue siendo una sociedad de paz, convivencia y respeto a los derechos humanos, una Europa sin renunciar a sus valores.
